SANTO DOMINGO.- En una reciente resolución, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) confirmó la legalidad de las acciones emprendidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en el marco del caso relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La controversia surgió tras los dos recursos contenciosos administrativos interpuestos por la sociedad Transcore Latam, S.R.L., quienes pretendían anular la resolución RIC-156-2023, la cual ordenó la suspensión del contrato destinado a modernizar tanto el centro de control de tráfico como la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La sentencia número 0030-03-2024-SSEN-00755, emitida el 13 de diciembre de 2024, detalla que los magistrados evaluaron minuciosamente los argumentos presentados y determinaron que la DGCP actuó correctamente dentro del marco normativo vigente. Se resaltó que la medida precautoria adoptada se fundamentó en evidencias probatorias consistentes, respaldando de esta manera la decisión original.
Esta resolución reafirma la posición de la DGCP y subraya el criterio riguroso del TSA al evaluar la legalidad de las actuaciones administrativas en casos de alta relevancia para la infraestructura y seguridad vial del país.
