El embajador Mike Waltz, representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, respaldó este lunes la posición de República Dominicana de considerar la crisis de Haití una amenaza para su seguridad, al advertir que el avance de las bandas criminales, el tráfico de armas y el narcotráfico no puede quedar confinado dentro del territorio haitiano.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a la situación de Haití, Waltz sostuvo que el Gobierno dominicano evalúa correctamente el peligro que representa el deterioro del país vecino, debido a la capacidad de las organizaciones criminales para extender sus operaciones hacia otras naciones del Caribe.
La intervención del diplomático estadounidense colocó en el centro del debate una preocupación planteada durante años por las autoridades dominicanas: la crisis haitiana dejó de ser exclusivamente un problema interno y se convirtió en una amenaza regional con consecuencias directas para la República Dominicana, único país que comparte una frontera terrestre con Haití.
Impacto en las islas
Waltz señaló que las bandas haitianas exportan terror, armas y drogas por el Caribe, por lo que la recuperación de la seguridad en Haití es indispensable para proteger al resto de la región.
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- La posición estadounidense coincidió con el planteamiento presentado por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, quien pidió acelerar la ejecución de los mecanismos aprobados por las Naciones Unidas para enfrentar a las pandillas y recuperar los territorios que permanecen bajo control criminal.
Posición dominicana
El canciller Roberto Álvarez sostuvo que la seguridad debe preceder a cualquier proceso electoral haitiano.
La República Dominicana planteó este lunes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una estrategia de cuatro frentes para enfrentar la crisis haitiana: completar el despliegue de la fuerza internacional contra las pandillas, reforzar el embargo de armas, sancionar las redes económicas y políticas que sostienen a los grupos criminales y fortalecer las instituciones de Haití.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, advirtió que la comunidad internacional no necesita diseñar otra estrategia, sino ejecutar plenamente las medidas aprobadas durante los últimos cuatro años.
“Ya no necesitamos una nueva estrategia. Necesitamos ejecutar plenamente la que hemos construido”, afirmó durante la reunión celebrada en Nueva York.
El planteamiento dominicano se produjo en medio de una discusión en la que representantes de diferentes países y organismos coincidieron en que la violencia, el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando de migrantes han convertido la crisis haitiana en una amenaza que trasciende las fronteras de ese país.
Seguridad antes que elecciones
Uno de los principales puntos defendidos por Álvarez fue que Haití no podrá celebrar elecciones libres, inclusivas y creíbles mientras amplias zonas permanezcan bajo el control de las organizaciones criminales.
“No serán las elecciones las que producirán la seguridad; será la seguridad la que hará posibles las elecciones”, expresó.
La comunidad internacional ha identificado una “ventana de oportunidad” para avanzar hacia la normalización institucional de Haití. El proceso electoral cuenta con un presupuesto acordado de 120 millones de dólares y un decreto electoral en marcha, pero persisten serias dudas sobre la posibilidad de organizar las votaciones en territorios dominados por las pandillas.
El canciller dominicano respaldó la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas —GSF, por sus siglas en inglés— y de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.
También destacó los avances alcanzados desde la aprobación de la resolución 2793, entre ellos el establecimiento de la fuerza, la creación de su estructura de mando y el comienzo de operaciones sobre el terreno.
Sin embargo, sostuvo que la próxima etapa debe concentrarse en completar el despliegue de los contingentes ya comprometidos para que la misión alcance progresivamente la capacidad prevista.
Un obstáculo logístico
Álvarez identificó la falta de transporte aéreo estratégico como uno de los principales obstáculos para movilizar el personal y los equipos necesarios. Por esa razón, exhortó a los Estados que cuentan con esa capacidad a ponerla al servicio de la operación internacional.
“No debería un obstáculo de naturaleza puramente logística interponerse entre la comunidad internacional y la protección de todo un pueblo”, declaró.
El ministro reconoció el liderazgo de Estados Unidos, los aportes de Canadá y de otras naciones que han facilitado recursos y apoyo logístico. También agradeció a los países que han comprometido personal para integrar la fuerza.
La representante de la GSF reconoció, a su vez, el apoyo proporcionado por la República Dominicana a la misión internacional, considerado necesario para reducir la capacidad operativa y territorial de las bandas criminales.
Sanciones más allá de los cabecillas
La propuesta dominicana no se limita a perseguir a los líderes visibles de las pandillas. Álvarez reclamó la aplicación completa del régimen de sanciones establecido mediante la resolución 2653 contra quienes financian a los grupos armados, facilitan el tráfico ilícito de armas, lavan dinero procedente de actividades criminales o les proporcionan apoyo material y político.
A juicio del canciller, desarticular esas estructuras resulta indispensable para impedir que las pandillas recuperen territorio, armas y capacidad financiera después de las operaciones de seguridad.
El enfoque implica perseguir no solo a quienes ejecutan la violencia, sino también a empresarios, intermediarios, traficantes y actores políticos que puedan beneficiarse de las organizaciones criminales o facilitar sus actividades.
Álvarez insistió, además, en que una intervención internacional no podrá garantizar por sí sola una estabilidad duradera.
“Una fuerza internacional puede ayudar a recuperar el territorio; solamente instituciones haitianas sólidas podrán conservarlo de manera permanente”, sostuvo.
En consecuencia, pidió continuar fortaleciendo a la Policía Nacional Haitiana, el sistema judicial y las demás instituciones responsables de ejercer autoridad en los territorios recuperados. Dentro de esos esfuerzos figura la meta de incorporar 4,000 nuevos agentes policiales para 2027, así como desarrollar programas de desarme y reintegración.
