El Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) propuso hoy que sea la Junta Central Electoral (JCE) quien, utilizando sus facultades constitucionales, someta ante el Congreso Nacional un proyecto de ley orgánica que regule las candidaturas independientes, establecidas mediante sentencia por el Tribunal Constitucional (TC).
Según el Movimiento Cívico, la reciente sentencia TC-0788/2024 emitida por la alta corte genera una desventaja al no contar con un marco legal específico, a diferencia de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, que operan bajo un régimen establecido.
PC resaltó que una de las principales problemáticas es que las candidaturas independientes no tendrían acceso a financiamiento público, lo cual crea una inequidad con los candidatos de los partidos políticos, quienes sí tienen acceso a esos recursos.
En cuanto a los requisitos establecidos en la sentencia, el Movimiento Cívico explicó que las candidaturas independientes solo serían aceptadas si obtienen al menos el 2% de las firmas del total de los votos válidos en las últimas elecciones de la demarcación en que competirían. Esta medida, si bien busca evitar inscripciones masivas de candidaturas, podría favorecer a aquellos con mayores recursos económicos, aumentando el riesgo de que se conviertan en candidaturas financiadas con dinero ilícito.
El grupo también expresó preocupación por el hecho de que las decisiones del Tribunal Constitucional son finales y vinculantes, lo que limita la posibilidad de recurrir a otros tribunales, ya que el TC tiene una legitimidad social menor que el Poder Legislativo y Ejecutivo.
En este sentido, Participación Ciudadana insistió en que la forma adecuada de abordar este tema sería a través de un proceso legislativo formal, donde la Junta Central Electoral, en consulta con los partidos políticos y la ciudadanía, pueda presentar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que regule adecuadamente las candidaturas independientes.
Por último, se indicó que la decisión del TC ha generado el rechazo de los partidos políticos, quienes consideran que el tribunal ha excedido sus funciones al asumir una responsabilidad que corresponde al Congreso Nacional. La sentencia, dictada el 13 de diciembre de 2024, habilita las candidaturas independientes, que existían en la legislación desde 1923, pero sin un marco normativo claro, lo que genera incertidumbre sobre su implementación efectiva.
