SANTO DOMINGO.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, vuelve a estar en el centro de cuestionamientos públicos, esta vez por procesos de contratación y denuncias relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar.
Pérez forma parte del Gobierno desde 2020, cuando fue designado director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), institución responsable de las denominadas Farmacias del Pueblo.
Durante su paso por esa entidad surgieron quejas públicas relacionadas con la disponibilidad de medicamentos, incluyendo fármacos destinados a tratamientos de alto costo. Una publicación citada por varios medios atribuye a un estudio de Pulsómetro Mediciones Estratégicas, realizado en 2025, que un 84 % de los consultados consideraba que el servicio y el suministro de medicamentos habían empeorado durante su gestión.
El 16 de agosto de 2025, Pérez fue designado director ejecutivo del INABIE mediante el decreto 461-25.
Ya al frente de esa institución, nuevos cuestionamientos han surgido por contratos adjudicados a suplidores del almuerzo escolar, incluyendo empresas vinculadas a jóvenes empresarios y compañías de reciente creación. Uno de los casos difundidos involucra contratos que, en conjunto, rondarían los RD$110 millones.
Pérez ha respondido que la edad de los propietarios o el poco tiempo de constitución de una empresa no constituye por sí solo un impedimento legal para participar en las licitaciones, siempre que los oferentes cumplan con los requisitos establecidos. También informó que algunas de las empresas señaladas se encuentran bajo investigación.
Ante las denuncias, el director del INABIE dispuso reforzar las reinspecciones y revisiones internas y apoderó a organismos de control para investigar posibles irregularidades. La institución informó además que 42 adjudicatarios habían sido suspendidos mientras avanzaban las investigaciones.
Los cuestionamientos también llegaron al Congreso. Legisladores recibieron a Pérez para pedir explicaciones sobre contratos con suplidores y situaciones relacionadas con alimentos escolares, incluyendo una denuncia por leche en mal estado.
La discusión coloca nuevamente bajo escrutinio la administración de una institución que maneja uno de los programas sociales de mayor alcance del Estado: la alimentación de los estudiantes del sistema público.
60Segundos — Los hechos, en contexto.
